La nación acuerda con 21 provincias un plan para reducir el gasto fiscal

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En una cumbre en Mendoza consensuaron, el estado nacional acuerda con 21 provincias un plan para reducir el gasto fiscal. La misma deberá ser avalada por el Congreso.

Novedades importantes en materia económica. El ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, y sus pares de Economía de 21 provincias sellaron ayer en Mendoza un acuerdo para comenzar a redactar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

La misma deberá ser avalada por el Congreso y apunta a aplicar reglas conjuntas de control del gasto para llegar al equilibrio fiscal en 2019 y a “alivianar la carga tributaria” de impuestos distorsivos sobre la actividad productiva.

La avanzada se dio en una reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde el funcionario de Mauricio Macri y los enviados provinciales avalaron un paquete de medidas en pos de “la Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, que incluirán en el documento que el Ejecutivo enviará al Parlamento.

Según indica el diario Ámbito Financiero, en esa línea, Nación planteó la necesidad de que en todas las jurisdicciones el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales, y que el gasto primario total no crezca más que la inflación, hasta 2019 inclusive.

Bajo esa mirada, destaca el documento rubricado ayer, “las provincias que hayan alcanzado el equilibrio fiscal podrán incrementar el gasto corriente asociado a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales como salud, seguridad y educación”.

Tras el encuentro, Dujovne enfatizó que “a través del diálogo se ha llegado a un acuerdo que para nosotros es muy importante”, además de remarcar que “el hecho de que Nación y las provincias podamos comprometernos a metas fiscales exigentes, pero que a su vez tienen en cuenta las distintas realidades, es fundamental”.

En la cumbre además analizaron corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria.

También avanzaron en que la nueva ley incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público, para que el personal de planta a nivel nacional, provincial o municipal no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.

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