Diario de Luján Notocias de Luján 
El Ejecutivo dispondrá por decreto un incremento del haber más una compensación de entre el 12% y 14 % para emparejar la inflación de enero.
Sin esperar a que lo discuta el Congreso de la Nación, el Gobierno aplicará por decreto que las jubilaciones y pensiones se actualicen por inflación a partir de abril, más una compensación para emparejar la inflación de enero.El Poder Ejecutivo determinará por decreto que las jubilaciones en abril se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría entre el 12% y el 14% por la inflación de enero.
Hecho este empalme, a partir de mayo, el Gobierno pretende que las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual.
De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso.
Porque el Decreto
En un principio, la gestión de Javier Milei pretendía que la nueva fórmula jubilatoria se tratara como un capítulo dentro de la nueva ley Bases, que de acuerdo a los tiempos que quiere manejar la Casa Rosada, se trataría en diputados recién a mediados de abril.
Si bien la nueva ley ómnibus viene cosechando consensos en buena parte de su contenido, tanto el bloque Pro como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal –los bloques más amigables para el oficialismo– le plantearon al Gobierno que era imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional, luego de la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes jubilatorios en los primeros dos meses del año.
En tanto, los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron impulsar una ley de movilidad jubilatoria por su cuenta.
Ante la falta de acuerdos por este tema, el Poder Ejecutivo decidió anticiparse y avanzar por decreto con la fórmula que diseñó el Ministerio de Economía.
La utilización de este instrumento jurídico fue una alternativa que se debatió mucho en el seno del Gobierno en los últimos días, porque la primera intención era que este tema tuviera fuerza de ley. Pero finalmente se definió avanzar de forma unilateral, sin llevarlo al Congreso.
En el Gobierno dicen que urge el tiempo por una cuestión de empalme. Después de varias semanas de negociaciones, dudas y especulaciones políticas, Javier Milei, en sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió avanzar por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la delicada modificación de la fórmula jubilatoria. La medida se evaluaba desde hace semanas, pero el Presidente la postergaba porque aspiraba, antes de llegar a esta instancia, lograr un consenso previo suficiente para tratarlo por ley -por fuera o dentro del proyecto Bases-. Quería y evitar una eventual judicialización del decreto o un posible rechazo de parte del Congreso.
En el borrador de la nueva ley bases, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero.
Los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue de 20,6%.
Con esta medida, el Gobierno descartó definitivamente, como tenía planeado, los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal por el que había reclamado el jefe del bloque, Cristian Ritondo, en su reunión de la semana pasada en la sede nacional. La idea siempre fue evitar darle la iniciativa en este tema a los aliados.
Así, los libertarios se vieron obligados a resignar que la nueva fórmula previsional se trate en el marco de la Ley Ómnibus, como querían inicialmente. Es que el debate en comisión del paquete más importante para LLA recién empezaría después de Semana Santa, llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse, el ítem jubilatorio empezaría a regir recién a partir de mayo. Un escenario preocupante si se tiene en cuenta que la inflación, aunque haya alcanzado una tendencia a la baja, se mantiene en porcentajes de dos dígitos.
El DNU era la opción menos deseada para el Ejecutivo, que acaba de sufrir un fuerte revés con el de desregulación en el Senado, entre fuertes críticas de los otros espacios por la inconstitucionalidad de la medida. Y un decreto no sólo enfrenta la posibilidad de un rechazo por parte del Congreso, sino serias chances de que se judicialice, como ocurrió con la reforma laboral y los aumentos de las prepagas.
