Como se recordará durante la campaña electoral se habían dado a conocer los cambios que se venían, como la privatización de varias empresas estatales.

Muchos decían que era imposible o que llevaría tiempo; ahora bien, una de las primeras medidas entrara en vigor el primero de enero con la aplicación del nuevo cuadro tarifario en el transporte publico sin el subsidio.

Todo el sector se pregunta cómo se llevarán adelante el esquema privatizador de este gobierno; de acuerdo con fuentes consultadas de las actuales áreas intervinientes se están trabajando varias alternativas de cambio, algunas de corto o mediano plazo.

Llevar adelante un gerenciamiento privado de las actuales líneas de carga que se encuentran en poder del estado, en donde el estado primeramente deberá analizar que bienes y estructuras pondría en ese paquete para que sea un negocio tentador para aquellas empresas que quieran entrar en el negocio. En este caso la empresa tendría a cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura de aquellas líneas que salgan con este esquema.

La otra opción que se maneja en el corto plazo es que la infraestructura quede en manos del estado y que se pueda poner en marcha la primera etapa del open Access habilitando a las empresas actuales y nuevas a que puedan operar libremente sobre las trazas actuales.

En el caso de la infraestructura se debería definir si el estado quedara como responsable de la misma o se aplicaría un llamado a licitación para la privatización y que una empresa privada se haga cargo de la infraestructura por una cierta cantidad de años comprometiendo inversiones a cambio de cobro de una tarifa por el uso de esta. El gobierno tiene claro que es imposible que dicha inversión se pague solo con el cobro de peaje, para lo cual se deberá definir como llevar adelante un esquema de financiamiento sin comprometer fondos del tesoro; una alternativa es la transferencia de la propiedad de tierras que son del ferrocarril para pagar la inversión que no podría cubrir con el peaje.
Otra posibilidad que están analizando es un llamado a licitación de todo el sistema actual de cargas con un esquema muy parecido a la década del 90´ en donde se harían licitaciones integrales de operación e infraestructura por cada línea ferroviaria; en este caso estaría en conflicto con la 27.132.

En lo referido a los pasajeros, la cual es una situación más compleja ya que en la actualidad se consta con un sistema del AMBA, el más importante, los servicios regionales que se brindan en las provincias de Córdoba, Salta, Entre Rios, Chaco y Neuquén y los servicios de larga distancia.
En estos casos estarían definidos en una primera etapa ofrecer a aquellas provincias que tienen servicios regionales la posibilidad de transferir los mismos, pero sin el aporte de ningún subsidio u obra para el funcionamiento de estos; algo que algunas provincias ya han dicho que no tienen presupuesto para afrontar ese compromiso. Para los servicios de larga distancia (exceptuando Rosario y Mar del Plata) serían los que podrían a tener un destino mas incierto ya que son servicios netamente sociales y ninguna de las provincias estarían en condiciones de tomar los mismos.

Para ello, de acuerdo con fuentes consultadas, una posibilidad que se estaría tomando en cuenta es tomar el modelo mexicano, en el cual se les pediría a aquellas empresas que estén interesadas en la carga que tomen a su cargo esos servicios dentro del esquema de sus empresas. Esta sería la única opción para que aquellos servicios de larga distancia no corran peligro de desaparecer.

En el caso de la línea a Rosario y Mar del Plata (incluido Pinamar), entienden desde el gobierno que son servicios que pueden ser atractivos para el sector privado lo cual seria analizado en forma independiente.
Para finalizar en lo referido al AMBA, es la tarea más difícil porque se entiende que por la complejidad del mismo se deberá realizar algo estructural para que una posible licitación de concesión o de gerenciamiento sea de interés para el sector privado, ya que por la política del actual gobierno no tiene pensado llevar adelante obra pública; el esquema que se defina debe tener en cuenta que condiciones se llevara adelante para que un privado pueda realizar las inversiones necesarias en material rodante e infraestructura y que su re pago se realice por mediante la tarifa o por el traspaso de terrenos que posee el ferrocarril a lo largo de las trazas ferroviarias utilizando la valuación de los mismos para garantizar el desarrollo de las obras.

En definitiva, estamos ante un nuevo escenario del sistema ferroviario argentino y esperemos que el camino que se defina no ponga en riesgo las fuentes laborales de los ferroviarios y que el ferrocarril siga ocupando el rol de eje principal del transporte.

Fuente: Agencia Rieles