Desmienten que nación subsidie colectivos en el AMBA

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La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ha lanzado un comunicado desmintiendo la afirmación de que el gobierno nacional subsidia los colectivos del AMBA.

Según la AAETA, el 55% de los pasajeros del AMBA son subsidiados por la provincia de Buenos Aires, no por el gobierno central.

A través de la plataforma X (ex Twitter), la AAETA afirmó que la mitad de los 9.000 colectivos que operan en el AMBA reciben subsidios financiados directamente por la provincia de Buenos Aires. La asociación hizo hincapié en la importancia de debatir sobre por qué otras provincias no pueden implementar un sistema similar, especialmente considerando que la mayoría recibe más fondos de coparticipación de los que aportan al Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

En su publicación en X, la AAETA compartió un fragmento del convenio entre el ex Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno provincial, donde se establece que las líneas de jurisdicción provincial y municipal del AMBA, aproximadamente la mitad del total del área, reciben subsidios transferidos por la provincia de Buenos Aires, a pesar de que Nación calcula y liquida los subsidios.

Según la AAETA, el gobierno nacional solo financia las compensaciones tarifarias de las líneas del 1 al 199, que representan el 45% de los pasajeros del AMBA. Esto implica que el 55% restante de los pasajeros son subsidiados por la provincia, no por el gobierno nacional.

En otro giro de los acontecimientos, se ha anunciado que el Gobierno disminuirá el subsidio a las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional. Esta medida se enmarca en la concentración de la ayuda a los usuarios más necesitados a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). La eliminación del Fondo Compensador del Interior, que antes recibían las empresas fuera del Área Metropolitana, indica la posibilidad de ajustes en las tarifas en el futuro próximo.

Este anuncio ha generado tensiones adicionales entre el Gobierno y los gobernadores, exacerbando la ya complicada relación tras el fracaso de la Ley Ómnibus. Con el reciente aumento en las tarifas de colectivos y trenes, esta decisión supone nuevos desafíos para el transporte público en todo el país.

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