Un proyecto de ley busca limitar la responsabilidad del Estado

En paralelo al debate por el nuevo Código Civil y Comercial, la Cámara de Diputados se abocará la semana próxima al tratamiento de una ley que regula la responsabilidad civil del Estado. La propuesta desliga al Estado de la responsabilidad por los daños que pudieran provocar sus «contratistas o concesionarias» de servicios públicos, al tiempo que fija el plazo máximo de dos años para las demandas contra organismos estatales.
Palacio de justicia
El gobierno presentó ayer, en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que circunscribe la responsabilidad del Estado al derecho administrativo, por lo que ya no tendrá que responder a nivel civil, salvo en algunos casos específicos.
La propuesta desliga al Estado de la responsabilidad por los daños que pudieran provocar sus «contratistas o concesionarias» de servicios públicos, al tiempo que fijó el plazo máximo de dos años para las demandas contra organismos estatales.
Para no perder el tiempo, el Frente para la Victoria ya convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, para el próximo martes a las 11.
La norma, que comenzará a ser discutida la próxima semana en comisión, se desprendió del proyecto que el Frente para la Victoria presentó este jueves ante la comisión bicameral que debate para la unificación de los Códigos Civil y Comercial.
En la propuesta original, que había sido confeccionada por un grupo a cargo del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se contemplaba esta medida. No obstante, el oficialismo decidió quitarlo del texto y modificar la responsabilidad del Estado a través de una norma específica.
«Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produzcan a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de forma directa ni subsidiaria», afirma el texto.
La iniciativa lleva las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y del ministro de Justicia, Julio Alak.
El debate comenzará el próximo martes a las 11.00 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto tiene 11 artículos y establece lo siguiente:

• «Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
• «La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
• «El Estado no debe responder. Ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas de servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a una función encomendada.
• «La actividad o inactividad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen.

Esta iniciativa fue anunciada por Cristina de Kirchner en Casa de Gobierno el 27 de marzo pasado cuando recibió el informe de la comisión de reforma del Código Civil, junto a otra reforma del Código Penal que aún sigue en estudio por una comisión que integran legisladores de la oposición. En ese acto se habló de esta idea de ir hacia una ley específica de responsabilidad del Estado que fue un balde de agua fría para los jueces de la Corte que habían llevado el borrador de nuevo Código Civil, que sí incluía ese capítulo que ahora se propone.Ya en aquel momento los promotores de este cambio en la legislación argumentaron que esta nueva codificación administrativa puede levantar vallas contra la industria del juicio y sacar al país del exceso de que, por ejemplo, en materia de servicios públicos -materia del derecho administrativo- hoy se aplique el derecho laboral.

Esta idea está emparentada con otra reforma que querría hacer avanzar el Gobierno desde la presidencia de Néstor Kirchner y que rechazan los gremios: declarar por ley a ciertos servicios públicos como «esenciales» para evitar las huelgas salvajes y sorpresivas que afectan los derechos de los usuarios.

La letra de este proyecto la atribuyen a los asesores de Julio Alak en el Ministerio de Justicia y consta que durante su elaboración fueron consultados expertos en derecho administrativo independientes y también identificados con el peronismo y el radicalismo. En este arco no figura, desde ya, Elisa Carrió, que ha salido a denunciar hace semanas que existía esta idea de limitar la responsabilidad del Estado por el recorte a las previsiones del proyecto Lorenzetti. El proyecto pasó por aulas y gabinetes de la Universidad Austral, que tiene una maestría en derecho administrativo hace más de 20 años. No consta que se haya dado traslado del texto del proyecto a algunas estrellas de la especialidad, como José Roberto Dromi, autor de la Ley de Reforma del Estado que promovió el peronismo bajo la presidencia Menem para el proceso de privatización y de desregulación y que encabeza un importante estudio jurídico en esa especialidad. Tampoco que se haya enterado otro experto del fuero como Agustín Gordillo.

Dentro del Gobierno, como corresponde, ha habido disidencias fuertes, de cuyo cruce salió la letra final. Un sector más estatista y politizado considera que ir a una ley de este tipo no será un freno a la «patria pleitera» sino que le dará letra a más juicios contra el Estado. Se enfrentó con otro más juridicista que justifica la norma en que recoge la jurisprudencia de la Corte nacional y lo que ya rige en las provincias en códigos locales.

Este debate interno parece hoy zanjado por el proyecto que ayer aterrizó en Diputados, pero el tema alimentará otra guerra grande.

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