El IFE podría tener los días contados

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Desde el gobierno nacional se baraja la posibilidad de dar por finalizadoel IFE tal como se viene abonando desde el la implantación de la cuarentena sanitaria aunque no se descarta reconvertir el beneficio bajo otra modalidad.

Mientras la tercera «ronda» del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido al comienzo del aislamiento para sostener a la población de menores recursos a lo largo y ancho del país, se comenzará a pagar en los primeros días de agosto y entonces comenzará a regir el tiempo de descuento para la que será la última transferencia de $ 10.000 del Estado a los más de 8,8 millones de beneficiarios.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional y abonada a través de la ANSeS llegará a su fin luego de abonarse por tercera ocasión a la totalidad de la población alcanzada, siendo que su vigencia estaba atada a la permanencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo pasado, y cuya continuidad el Gobierno está decidida a desandar ante las señales de agotamiento en la población -y sin duda, en la economía.

«El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia», sostuvo el ministro coordinador durante un reportaje con Página/12.

El IFE fue formalmente anunciado tres días después del inicio del confinamiento social, y se lo presentó como un paliativo para trabajadores desocupados o informales (en negro), pequeños comerciantes, monotributistas de las categorías más bajas (A y B), personas inactivas y beneficiarios de la AUH y la AUE.

Pese a sus palabras taxativas, en el Gobierno no se animan a «dar por muerto» el IFE, aunque sí reducir la población beneficiaria a las regiones que continúen impedidas de retomar la actividad -tal como se sugirió semanas atrás, aunque se descartó por la presión de los gobernadores- o bien reconvertir los montos transferidos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que están desesperadas por el déficit fiscal que acumulan desde la irrupción de la pandemia, o bien a través de créditos para el sector productivo, de manera de asegurar que no continúen menguando los puestos de trabajo y el cierre de empresas.

La tercera variante, impulsada desde la cartera de Desarrollo Social y su titular, Daniel Arroyo, pasa por reconvertir el IFE en una «renta básica universal», como también proponen organizaciones de base y líderes sociales. Según blanqueó el ministro días atrás, de la base de datos con la que se hizo el Estado se desprende que casi 3 millones de beneficiarios que viven en la informalidad difícilmente puedan revincularse rápidamente con el mundo laboral pospandemia.

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