jueves , diciembre 5 2024

El agro en pie de guerra contra el impuesto abusivo de Kicillof

Radio Estación Luján

Una serie de aumentos en el impuesto inmobiliario rural ha generado una fuerte reacción entre los productores agrícolas, quienes denuncian incrementos “abusivos”.

La suba de la cuarta cuota del impuesto ha alcanzado niveles que superan el 100% en comparación con la tercera cuota, provocando una ola de malestar en el sector. Liderados por Cristina Boubee, productora de la localidad de Azul, y respaldados por el equipo técnico de la senadora provincial Florencia Arietto, los productores buscan presentar un amparo colectivo ante la Justicia. La palabra clave de esta nota, “impuesto”, se repite en este contexto como símbolo de una carga cada vez más difícil de soportar para quienes trabajan la tierra.

Aumentos Históricos y “Desmedidos” del Impuesto Inmobiliario Rural

Florencia Bros, abogada integrante del equipo de Arietto, informó que algunos productores han visto incrementos que oscilan entre el 300% y el 400% en comparación con la primera cuota de 2023. En casos extremos, como el de un productor cuyo campo está valuado en 186 millones de pesos, el importe de la cuarta cuota saltó de 1.7 millones de pesos a 3.55 millones, es decir, más del doble. Según Bros, esto contradice el acuerdo de no aplicar una quinta cuota al impuesto inmobiliario rural, lo cual, según lo previsto, debería haber sido un alivio para el sector en un contexto de crisis.

El aumento repentino y sin previo aviso ha dejado a los productores sin la posibilidad de prever los gastos y ajustar sus presupuestos. Esto va en contra de principios básicos del derecho tributario, como la certeza y la razonabilidad, que garantizan el conocimiento anticipado de cuánto y cuándo deberán pagar. La situación ha generado una fuerte crítica al gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, y ha alimentado la percepción de que se está implementando una política impositiva que afecta gravemente a los pequeños y medianos productores.

Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP

Impacto Económico y Argumentos de Inconstitucionalidad

El impacto económico de estos aumentos va más allá de la simple carga tributaria. Según los productores, este impuesto elevado resulta insostenible, especialmente en un contexto donde la sequía ha reducido los rendimientos agrícolas y, por ende, los ingresos del sector. En 2024, la provincia de Buenos Aires declaró una ley de emergencia social, económica y productiva hasta marzo de 2025, pero los aumentos impositivos parecen contradecir el espíritu de esa ley al exigir cifras exorbitantes a los productores, que ya están luchando por sobrevivir en condiciones adversas.

Los abogados que apoyan la medida han señalado que los aumentos violan los principios de legalidad e igualdad, pilares de cualquier sistema tributario justo y constitucional. Argumentan que el impuesto debería ser proporcional y razonable, permitiendo que los productores puedan cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo su estabilidad financiera ni sus posibilidades de inversión futura.

 ¿Quién Puede Pagar el Impuesto?

Para muchos, este aumento representa una amenaza directa a la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. El sector productivo se enfrenta a costos crecientes que, en muchos casos, son imposibles de cubrir. Cristina Boubee ha señalado que los aumentos no solo afectan a grandes extensiones de tierra, sino también a pequeños productores que apenas cuentan con 140 hectáreas y que, hasta ahora, pagaban aproximadamente $300,000 anuales de impuesto inmobiliario rural. Con el aumento, este productor tendría que pagar $1,120,000, una cifra que, en palabras de Boubee, resulta impagable.

La situación ha provocado que muchos productores consideren seriamente abandonar la actividad agropecuaria o vender sus tierras. De acuerdo con Boubee, el 40% de los productores ya no puede hacer frente al pago de este impuesto, y en algunos municipios el cumplimiento en el pago de la tasa vial es de apenas el 22%. Esto ilustra cómo el aumento de impuestos, en lugar de generar ingresos para el estado, puede llevar a una disminución de la recaudación debido a la incapacidad de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Un Amparo para Detener los Aumentos Impositivos

En respuesta a esta crisis, los productores han comenzado a organizarse. En Azul, alrededor de 60 productores ya se han sumado a la convocatoria para presentar el amparo colectivo, mientras que en otras localidades, como Pehuajó, se están llevando a cabo iniciativas similares. La demanda se enfoca en lograr un respaldo judicial que frene estos aumentos y permita al sector agropecuario respirar financieramente, al menos hasta que la situación económica mejore.

La preocupación de los productores no solo se centra en el presente, sino también en el futuro. La falta de inversiones en infraestructura, como caminos rurales y patrullas policiales en zonas alejadas, agrava la situación. Boubee destacó la precariedad de los recursos policiales en Azul, donde el único vehículo disponible para la policía rural quedó fuera de servicio recientemente. Según Boubee, esta combinación de impuestos altos y servicios públicos deficientes está “sacando a los productores del sistema”.

Cristina Boubee
Cristina Boubee

El Campo en Riesgo de Extinción y en pie de guerra

El impacto del impuesto inmobiliario rural sobre la economía agrícola bonaerense plantea una serie de interrogantes sobre la sostenibilidad del sector en el largo plazo. Con costos que no dejan de aumentar y un mercado interno que se mantiene estancado, muchos productores sienten que sus opciones se reducen cada vez más. El aumento del impuesto, lejos de ser una mera carga tributaria, es percibido como una amenaza existencial para la agricultura de la provincia.

En un contexto de descontento creciente y desafíos económicos extremos, la batalla de los productores contra el impuesto inmobiliario rural es un reflejo de las tensiones que existen entre las políticas fiscales del gobierno y la realidad de un sector que se considera indispensable para la economía del país. La expectativa de los productores es clara: buscan justicia, equidad y la posibilidad de seguir trabajando sin que el impuesto les impida continuar cultivando la tierra.

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