Amnistía Internacional
Argentina viola los derechos humanos al dejar ciudadanos varados

Amnistía Internacional le reclamó al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos.

Ante la situación que atraviesan los ciudadanos, la entidad realizó un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país. Además, Amnistía Internacional solicitó una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos.

“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando derechos humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, aseguró enfática Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con María Laura Santillán por CNN Radio.

argentinos varados

En un comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la Argentina se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, con el objetivo de “prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19″. De acuerdo con la información oficial, al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.

Desde la entidad recordaron que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.

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“El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”, enfatizaron.

En tal sentido, Belski señaló: “Nosotros no estamos viendo que el Gobierno pueda responder si esos requisitos se están cumpliendo, por ejemplo legalidad, si la restricción se encuentra contemplada en una ley, que ya sabemos que no, si hay una necesidad, si la restricción es proporcional al interés que se intenta proteger, y lo más importante es que no vemos el tema del plazo: las restricciones tienen que tener un límite temporal definido”.

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