Por el congelamiento tarifario

Se gastarán $75 mil millones más que el año pasado en el subsidio a las tarifas

La decisión del Poder Ejecutivo de congelar por 180 días los aumentos en las tarifas de servicios públicos, como luz y gas, no viene gratis: de aplicarse, esta política tendrá un costo económico que no bajará de los US$ 1.200 millones ($ 75.000 millones), según estimaciones del sector energético.

Congelarían las tarifas

De mantenerse los congelamientos durante el primer semestre de este año, los subsidios podrían trepar a $190.000 millones (US$ 3.166 millones, 0,8 puntos del PBI), sumando los que ya se vienen arrastrando del año pasado y los que se agregan por este nuevo congelamiento.

El Poder Ejecutivo dispuso modificaciones en las jubilaciones, alzas de retenciones a las exportaciones agropecuarias y tributos para las compras de dólares y operaciones en divisa para compensar, al menos parcialmente, una parte del gasto en subsidios a las tarifas.

Durante el primer semestre de 2019, la administración macrista destinó cerca de $114.000 millones a subsidios, y los valores no se actualizan desde febrero, cuando se dispuso un incremento de tarifas de luz. Los valores permanecerán igual hasta mediados de año, según se sancionó en la ley de Emergencia Económica.

En febrero de 2019, con el aumento en las facturas, la tarifa cubría casi dos terceras partes del costo del sistema eléctrico, que es de alrededor de US$ 10.000 millones. Tras las devaluaciones y el primer congelamiento tarifario, hoy las boletas de los consumidores no llegan a explicar un 45% de lo que cuesta el sistema eléctrico.

Dos empresas eléctricas calculan que, cada trimestre de retraso implicará una erogación de US$ 500 millones porque las generadoras le seguirán cobrando a las distribuidoras, que son las que llevan el servicio eléctrico a domicilio.

Las distribuidoras pueden incumplir con sus compromisos o que el Estado nacional las auxilie para estar al día y no interrumpir el suministro. En cualquiera de los casos, habrá un costo adicional que no es menor a los US$ 1.000 millones. Es el dinero que antes destinaban los consumidores finales para la electricidad y ahora se hará cargo el Estado o las empresas, según se decida.

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