El decreto de Macri

¿Qué es la Extinción de Dominio?

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto para acelerar la recuperación por parte del Estado de bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos.

extincion de dominio


“Extinción de dominio”
es un término que se utiliza en varios países de América Latina para referirse a una forma particular en la que el Estado le quita a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito. Generalmente, se trata de las ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína), pero también puede abarcar otros casos (por ejemplo, los autos utilizados para trasladar la droga).

Cuando esto sucede dentro de un proceso penal, las leyes (como el Código Penal argentino) suelen denominarlo “decomiso”, y generalmente se puede aplicar sólo cuando la persona es condenada por el delito. Sin embargo, varios países de la región -al mismo tiempo que mantienen el decomiso por vía penal- han regulado un proceso de “extinción de dominio” que se desarrolla en un fuero distinto. Puede ser un fuero creado específicamente para esos casos (con jueces que únicamente intervienen en casos de extinción de dominio) o un fuero ya existente pero distinto del penal (por ejemplo, la Justicia civil).

La principal diferencia radica en que al no tratarse de un proceso penal (donde se aplica el decomiso), en la extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria del bien. Lo que existe es una sentencia de un juez que declara que el bien está vinculado con un delito, pero no es necesario que un juez penal condene a la persona por ese delito para que se pueda recuperar el bien y disponer de él.

Según calculó el Gobierno, hoy hay alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.

Por eso, con la medida, campos, casas, vehículos o incluso obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas.

Una fiscalía especial será la encargada de investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas en forma paralela a los procesos penales que se estén llevando a cabo. Si quienes poseen esos bienes no logran justificarlos, se podrá avanzar con la extinción de dominio propiamente dicha.

El ministro German Garavano aseguró que el decreto regula sobre materia civil para poder actuar con mayor rapidez, independientemente del proceso penal. Será a partir del Código Civil y del derecho procesal Civil y Comercial. Los funcionarios remarcaron esa cuestión para replicar de antemano impugnaciones.

“El Poder Ejecutivo está constitucionalmente autorizado y hemos sido muy cuidadosos en no avanzar sobre competencias penales”, dijo Garavano. Otro tema de controversia será si puede aplicarse de manera retroactiva. Bullrich no descartó esa posibilidad, por un período de 20 años hacia atrás.

El DNU dispone la creación de una Procuraduría en el ámbito del Ministerio Público, con el objetivo de que los fiscales inicien el proceso ante la Justicia Civil y Comercial en los casos de procesos penales con bienes secuestrados. También participa la Procuración del Tesoro, en representación del Estado.

Bullrich dijo que el régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante.

Hasta ahora, solo la Justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias en firme.

“La Justicia penal tiene hoy instrumentos para avanzar y recuperar estos bienes, pero es muy lenta”, había dicho el presidente Mauricio Macri en su discurso del anuncio.

Los tenedores de los bienes serán citados y si éstos no pueden ser justificados, pasarán al Estado para ser gestionados por el ABE (Administradora de Bienes del Estado). “Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada”, sostuvo Bullrich.

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