Acción de amparo contra la termoeléctrica

La oposición interpuso una acción de amparo contra la Termoeléctrica

Esta mañana se presentó una acción de amparo en relación a la puesta en funcionamiento de la empresa termoeléctrica Araucaria Energy. La misma lleva las firmas de Nicolás Capelli, Silvia Scarzo, Leonardo Boto, Federico Guibaud, Vanina Pascualín, Silvio Martini, Gabriel Jurina.

Además, firmaron el amparo Guadalupe Ledesma (Patria Grande en Vamos) y Martín Carvajal. Quienes trabajaron en la presentación son los abogados Javier Fernández y Braian Vega, quien firma como patrocinante y Matías Fernández que acompaña como autorizado para hacer el seguimiento de la presentación. De esta manera, se destaca el trabajo mancomunado entre distintos sectores de la oposición.

En este sentido, el escrito presentado solicita que “cesen en forma inmediata las obras de construcción y/o actividad de generación de energía de esa central termoeléctrica, hasta tanto se diseñe un sistema sustentable de generación de energía eléctrica y/o se modifique la localización de la usina termoeléctrica, se cumpla además con la totalidad de la normativa ambiental exigible para la radicación de esa central termoeléctrica y actividad de generación de energía, se obtengan y exhiban las habilitaciones ambientales necesarias conforme la ley 25.675, ley 11.723, Declaración de Impacto Ambiental y Certificado de Aptitud Ambiental, Residuos Industriales y de Servicios ley 25.612, Inscripción y manejo de Residuos Especiales 11.720, las habilitaciones reglamentarias de la Autoridad del Agua, conforme la ley 12.257, Código de Aguas y se realicen las correspondientes audiencias públicas que garanticen la participación ciudadana. (art. 22 ley 25,675 y art. 11 ley 24.065)”.

Por otra parte, se recuerda que “ha sido dictada sin ajustarse a las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 6224/13”, la cual establece la prohibición de las industrias de tercera categoría.

Además, se establece que “la cesación del daño ambiental que actualmente se podrá causar, en razón de que la reforma propuesta no cumple con los parámetros ambientales actuales”. También se argumenta que “nuestra pretensión encuentra sustento en las disposiciones del art. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As., en los Tratados Internacionales citados, las leyes de presupuestos mínimos, todo ello garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado imponen el deber de preservar el medio ambiente mediante un desarrollo productivo sustentable que aseguren la garantía constitucional citada, no solo a la generación actual sino también a las generaciones futuras”.

Finalmente, se expresa que “la función preventiva del derecho ambiental es una de sus notas distintivas que hoy comparte con el derecho civil dado que la reforma incorporó el criterio preventivo como norma positiva del derecho civil mediante la recepción legislativa de la acción preventiva de daño (Título V, Sección 2da., arts. 1710 a 1715)”.

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