La CEPIS presentó una demanda colectiva contra el aumento del gas

El Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), organización que obtuvo el fallo que ordenó celebrar audiencias públicas, presentó en la Justicia Federal de La Plata una nueva demanda colectiva contra el aumento en las tarifas de gas natural.

aumentos de gas

La asociación civil denunció que los aumentos implementados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no cumplen la pauta fijada por la Corte Suprema en el citado precedente. Y que, además, el costo del gas en boca de pozo oscila en los u$s 2, según datos brindó YPF en Wall Street, mientras que el Ministerio de Energía lo estimó en u$s 6,80 para calcular las tarifas, lo que las vuelve irrazonables.

Cepis se presentó ante la Justicia federal con asiento en La Plata para pedir una declaración de certeza. En este caso los abogados Mariano Lovelli y Pedro Sisti alegaron que les producen incerteza las decisiones de Aranguren. Y la acompañaron con un anexo documental de 800 páginas.

La inseguridad que intenta esclarecer la acción declarativa de certeza no es psicológica sino constitucional. “Nosotros creemos que dos resoluciones del ministro con los aumentos en el gas son inconstitucionales”, dijo Lovelli. “Entonces nos dirigimos a la Justicia y pedimos que eche luz en un sitio que a nuestro juicio produce oscuridad.”

“Los argumentos utilizados para el aumento de tarifas no se sostienen lógicamente ni recogieron toda la riqueza vertida en las audiencias públicas que el ministro debió convocar después de que la Corte Suprema nos dio la razón con un fallo”, afirmó Lovelli. “Y encima esos argumentos fueron usados para fijar tarifas confiscatorias.”

Según el abogado y presidente del Cepis, si la Justicia coincide con su postura podría declarar la inconstitucionalidad de los aumentos. La presentación es colectiva y sobre el final pide pericias y testimonios de ejecutivos de las empresas petroleras.

El Cepis quiere saber “si resultan compatibles con nuestra normativa (o no), los diversos cuadros tarifarios establecidos por dicho ministerio, como resultante de la Revisión Tarifaria Integral, que fueran aprobados mediante Resoluciones 212/16 Y 74/17, por entender esta parte que, por un lado, no se cumplió en brindar la información adecuada y veraz establecida en el art. 42 de nuestra Constitución; por otro lado, entendemos que las actuales tarifas violan los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad, doctrina del Máximo Tribunal Nacional en el caso “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS C/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA S/AMPARO COLECTIVO”, expediente FLP 8399/16”.

“Entendemos que el precio irrazonable establecido para el PIST causa que los usuarios vean afectados sus derechos humanos reconocidos constitucional y supraconstitucionalmente”, dice el texto.

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