La burocracia en terapia intensiva

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Los recursos humanos del sector público han sido interpelados por las nuevas tecnologías digitales y requieren un aporte más profesionalizado de su parte. Vivimos en un mundo donde la conectividad es rápida, gratis, sencilla y ubicua. Manejar la complejidad se volvió simple.

Por Fabián Ruocco*
La transformación digital es un proceso inevitable para todas las organizaciones. La demanda ciudadana es el mejor catalizador para alcanzar una real modernización del Estado.

Estamos inmersos en un período exponencial de innovación tecnológica que nos impulsa a salir de las miradas reduccionistas para abordar una perspectiva diferente a la hora de hablar sobre la necesaria reconfiguración y actualización profesional de los trabajadores estatales. La cual, además de la incorporación de los milenials al mercado laboral, requiere fomentar aún más la colaboración y participación inter-generacional, ese es el desafío actual. Los flujos digitales se han hecho abundantes y poderosos a tal velocidad que el sector público tuvo que acelerar su incorporación para que la ciudadanía tenga acceso a diferentes aplicaciones «on line» en sus dispositivos móviles.

El enfoque para perfeccionar el Sector Público presenta algunas cuestiones que pocos conocen. La principal que existe una marcada heterogeneidad, entendiéndolo como la suma de la Nación, las provincias y los municipios. Es costumbre general del «ciudadano de a pie» referirse al «empleado público» como una sola entidad lo cual genera una distorsión de la realidad. Sin embargo, el empleo público del país corresponde a trabajadores nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes.

Sin duda, la transformación digital es una modificación cultural y, en este sentido, la gestión digital en el sector público tiene un claro objetivo, generar más igualdad de oportunidades. Una Argentina digitalmente desarrollada genera mayor progreso e inclusión social. La gestión digital resuelve muchos de los problemas de las burocracias: son más rápidos, más baratos de solucionar, y menos vulnerables a la corrupción.

La transformación digital se ha convertido en un proceso irreversible para todo tipo de organización, tanto pública como privada, por lo que los líderes deben entender que la tecnología es un aliado para mejorar la calidad de vida de las personas. Comprender su disruptiva aparición, como una cuestión de amplia incumbencia social es vital para impulsar los procesos de las políticas que producen las toma de decisión sobre el personal estatal en una nueva agenda de prioridades.

La transformación digital del Estado requiere que los funcionarios adquieran nuevas habilidades. Los países que lograron mayores avances en materia de gobierno digital han invertido en talento humano y capacitación en áreas menos tradicionales al sector público. La demanda ciudadana es el mejor catalizador digital. Los trámites ágiles impactan positivamente en el clima de negocios, en la percepción ciudadana de cualquier gobierno, y en el acceso a servicios y programas públicos de primera necesidad. Con los trámites eficientes, todos ganamos. La movilidad y conectividad nos da acceso a la información de manera digital, y la nube almacena todas las aplicaciones de software para que podamos usarlo en todo momento, desde cualquier lugar y a costo cero. Se entiende que a muchas personas les cueste conceptualizar cómo es posible vincular toda esa capacidad desde «la nube» dado que en realidad es una enorme red de servidores desplegados por todo el mundo que pueden ser localizados a través de organizaciones como Amazon, Apple, Microsoft, Google, IBM y muchas otras, que actúan como una verdadera fuerza multiplicadora.

De ahí que las políticas relacionadas con la gestión estratégica e integrada del desempeño laboral de las personal al servicio de la administración pública constituyen un rotor crítico, si no el más crítico, de las políticas de modernización en la actualidad. Por eso resulta más que necesario contar con una visión integral que ofrezca una proyección razonable de la cantidad de personas requeridas para atender los nuevos servicios a cubrir, además de los existentes, y de las competencias laborables a exigir y desarrollar en ellas tanto en el presente como en los futuros previsibles.

En este contexto, todo está siendo transformado por las nuevas tecnologías. Se trata de un proceso histórico de envergadura superior a las coyunturas, que requiere de una construcción institucional con capacidad de visión a largo plazo, que solo podrá basarse en el marco de un «Consenso por una Función Pública Profesional para la Argentina del siglo XXI».

El mismo ya ha sido suscrito por más de trescientos expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50 Asociaciones Civiles y Profesionales, Centros de Gestión, Fundaciones, ONG´s, Unidades de Vinculación Tecnológica y Sindicatos del Sector Público junto con 18 Instituciones del sector público nacional y provincial de los tres poderes.

En una inspiradora actitud colaborativa, un numeroso y plural grupo de académicos, profesores, expertos, investigadores y consultores en materia de Administración y Gestión Pública convocamos a razonar esta propuesta junto con el beneficio laboral asociado, pues el mejoramiento de la gestión de los trabajadores estatales es un factor crítico y fuente requerida para asegurar niveles adecuados y necesarios de competitividad global de nuestro país. Este Consenso nos convoca a todos para el mejor desempeño y dignidad laboral de los servidores públicos, pero especialmente para contribuir a la justicia y dignidad que esperan los más postergados de nuestra actual sociedad.

* Director Ejecutivo del CEDyAT.

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