acción de amparo

Concejales firmaron acción de amparo contra la reforma previsional

Esta mañana en el Concejo Deliberante se realizó la firma de una acción de amparo patrocinada por el Dr. Braian Vega, abogado del Bloque de Unidad Ciudadana.

El documento que lleva la firma de los Concejales de la oposición Nicolás Capelli, Silvio Martini, Gabriel Jurina, Federico Guibaud, Érika Pereyra, Griselda Krauth, Miguel Ángel Prince, Cesar Siror, Silvia Scarzo y José Neto, fue presentado esta misma mañana en la Justicia.

PRESENTACIÓN DE ACCIÓN DE AMPARO
OBJETIVO DEL AMPARO
ictar la nulidad de los actos de los poderes del Estado Nacional que hayan participado de este acto ilícito, inconstitucional, contrario a los pactos internacionales firmados y ratificados por la Nación Argentina, contrarios a la moral, las buenas costumbres y el más básico sentido de piedad.
MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO
Se calcula la base del haber que deberá pagarse a partir de marzo en virtud de las variaciones de los índices (IPC y RIPTE) hasta el mes de septiembre, dejando fuera del cálculo al último trimestre del año que va de octubre a diciembre en el que se registraron enormes aumentos de precios y salarios, reconocidos por el índice del INDEC, que se succionan así de los haberes del sector pasivo y quedan disponibles para darles otros fines.
La fórmula actual tiene una eficacia comprobada en tres aspectos:
1- El poder adquisitivo real de los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH aumentó sensiblemente durante su vigencia.
2- Nunca entró en crisis financiera (hasta 2016 en que tuvo un leve déficit por efecto de los salarios devaluados)
3- Según los estudios especializados su sustentabilidad está garantizada al menos hasta 2027
ESCENARIO A MARZO
Actual: $ 7246
En marzo con la fórmula vigente: $ 8226
En marzo con la fórmula Pichetto: $ 7.660
IRRETROACTIVIDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS
El art. 7 del nuevo CCCN, contempla: “…ARTICULO 7°.- Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes….La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por
garantías constitucionales….Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo….”.
UNA FÓRMULA QUE IGNORA LA REALIDAD DE LOS JUBILADOS
El otro perjuicio que sufren los jubilados en caso de ligar sus haberes al IPC es que la canasta que se usa hoy para medir el índice de precios al consumidor no contempla las recientes restricciones en cobertura de medicamentos que han sufrido, pero si contempla costos escolares y rubros que los jubilados no consumen y que no tienen ningún interés de consumir. Para poder ser útil el IPC con el propósito que se intenta utilizarlo, debería ser elaborado especialmente para el rango etario, ocupacional y de hábitos determinado por la realidad del sector pasivo y no el IPC general.
MÁS AFECTADOS
El proyecto de ley aquí cuestionado, por el impacto del mismo sobre el art. 2 de la ley 26.417, modifica el modo de cálculo de la Asignación Universal por Hijo, cuya movilidad está circunscripta a lo normado por esta ley, situación que fue consagrada por la ley 27.160 por una mayoría superior al 90% en ambas cámaras.
SE DIFICULTA EL ACCESO AL TRABAJO
Por último, otro aspecto del proyecto afecta los derechos de los niños (se consideran niños hasta los 18 años), que es la modificación del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, postergando el derecho del empleador a intimar al trabajador a jubilarse hasta los 70 años, y agregando incentivos fiscales para la permanencia de los trabajadores mayores de 65 años, quitando en el art. 8 del
proyecto parte de las contribuciones patronales cuando el empleador prefiera un hombre de 65 años a un joven de 16 a 18 años.
LOS AMPARANTES CONSIDERAMOS QUE
• La nueva fórmula de cálculo vulnera los derechos adquiridos que son de caracter irretroactibles.
• Afecta directamente a 17 millones de personas, generando un perjuicio social y económico que incluye a los sectores más desprotejidos de nuestra sociedad.
• Viola normas nacionales (constitución nacional art. 14 bis i75 inc. 22) y pactos internacionales: ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (ley 26.061), y la convención internacional de los derechos del niño, la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores (ley 27.360), la declaración universal de derechos humanos (1948) arts. 22 y 25, y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) art. 9., el pacto de san josé de costa rica, en su art. 25.
• La mencionada “compensación” por bono demuestra el carácter perjudicial de la ley.
• Advertimos la incostitucionalidad de la norma.

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