Por las irregularidades califican de estafa el estacionamiento medido

Desde su puesta en funcionamiento, el sistema de estacionamiento medido que ha impulsado el gobierno de Oscar Luciani no ha hecho más que ocasionar perjuicios a la comunidad de Luján y al erario público. El recuento de irregularidades está a la vista, afirmaron desde Unidad Ciudadana enun comunicado que reproducimos a continuación.

Lo que inicialmente se presentó como un convenio entre el municipio de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), terminó siendo en los hechos un negocio entre el gobierno de Luciani y una cámara de empresas privadas que utiliza a la UTN como pantalla de convenios. Pese a que este acuerdo contaba con dudosos antecedentes referidos a su implementación en municipios de la provincia de Buenos Aires, se continuó con el mismo.

Más polémico es el esquema de recaudación que resulta de este convenio. La comuna no solo no obtiene un centavo con el nuevo sistema, sino que trabaja con una pérdida que ronda los $200.000 mensuales debido a que también tiene que abonar los salarios de los agentes que controlan el estacionamiento.

Según sus impulsores, las “bondades” del nuevo sistema de estacionamiento consistían en la organización del tránsito vehicular en la zona céntrica. Resulta evidente que nunca hubo cambio alguno en el habitual congestionamiento que diariamente padecemos.

A la probada inoperatividad y pérdida económica para el municipio, se suma la ilegalidad del sistema. Pese a que la ordenanza aprobada en diciembre fijaba en su artículo 2 un plazo de 90 días para la instalación total del sistema, la prestataria nunca cumplió los plazos previstos, dando lugar a la suspensión del servicio que preveía la norma. Sin embargo, mediante un decreto “con fórceps” Luciani volvió a prorrogar los plazos tirando por la borda toda la regulación previa que establecía la ordenanza votada en el concejo.

Al tomar esta resolución, Luciani ha incurrido en un limbo jurídico: se atribuye facultades que son propias de los concejales, y continúa manteniendo un sistema de estacionamiento y cobrando multas aunque la ordenanza no está vigente desde el 27 de marzo.

Hemos presenciado los debates en el concejo deliberante referidos a este problema. Las numerosas críticas efectuadas por concejales de la oposición acerca de la estafa que constituye este acuerdo, han tenido como respuesta del concejal Casset y del bloque de Cambiemos, una serie de contraargumentos sin base jurídica, comparando con absoluta liviandad el convenio que suscribe un estado municipal con una prestadora de servicios, con la contratación de un pintor en una casa.

La misma irresponsabilidad manifiesta la secretaria de gobierno Rita Sallaberry que ha afirmado en varios medios periodísticos su intención de ampliar a otras áreas del casco céntrico un sistema cuestionado jurídica y legislativamente. La celeridad de la funcionaria para extender un convenio cuestionado, con entes privados, desaparece cuando se trata de dar una respuesta a las 30 familias ligadas a la actividad de cuidacoches que esperan hace más de 1 año para poder regularizar su actividad laboral.

Por eso saludamos y apoyamos la iniciativa y rigurosidad del concejal Facundo Romero que presentó un proyecto, firmado por los concejales del interbloque peronista, para que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia resuelva este conflicto y cancele todas las multas que se han cobrado desde el 27 de marzo, ya que la ordenanza no está vigente.

Se desconoce a la fecha un acuerdo tan desigual entre una prestataria y un gobierno local en la provincia de Buenos Aires, como el que ha suscripto el gobierno de Luciani. Sea por incapacidad o por connivencia de la alianza Cambiemos, indudablemente la gran perjudicada es la comunidad de Luján que paga por un pésimo servicio que puede y debe estar bajo la gestión del estado municipal

Lo que este convenio expresa es el rol del estado municipal que propone el gobierno de Luciani: la tercerización y privatización de los servicios que históricamente brindaba el gobierno municipal. De esta forma, si hay que impulsar una organización del tránsito en zona céntrica, se firma un convenio leonino con una prestataria que transfiere los costos y se lleva las ganancias; si hay que resolver el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, se terceriza la recolección que antes era realizada por los trabajadores municipales; si hay que realizar obra pública, “se contrata a una empresa que se ocupe de controlar la ejecución de la obra pública”. Esta es la conducta recurrente en cada área.

Hay que decirlo. Ninguna de estas acciones resultan gratuitas. No solo implican un gasto desmedido que deberá afrontar la comunidad y que ha venido significando año tras año un déficit incontrolable de las cuentas públicas. También en muchas ocasiones, supone un negocio entre funcionarios y privados.

Desde Unidad Ciudadana Luján afirmamos que se debe recuperar para el estado municipal funciones que históricamente tuvo asignadas, y que se han abandonado mediante acuerdos que originan graves perjuicios a la comunidad.

Por eso exigimos al gobierno de Luciani que respete las normas vigentes y se abstenga de seguir avalando un sistema que constituye una estafa a la comunidad de Luján. Y llamamos a la comunidad de Luján a desconocer este sistema de estacionamiento ya que el mismo carece de sustento legal, es absolutamente inútil para las necesidades de la ciudad y constituye un grave perjuicio económico para la comunidad de Luján

Crédito foto: Lujanenlinea

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